España no cuenta con una legislación específica que regule o prohíba de manera explícita la prostitución
En 2024, la prostitución en España sigue siendo un tema controvertido que ocupa un lugar destacado en el debate social, político y legal. A diferencia de muchos países europeos, España no cuenta con una legislación específica que regule o prohíba de manera explícita la prostitución, lo que ha generado una zona gris legal que afecta tanto a las trabajadoras sexuales como a las personas que las contratan.
Actualmente, la prostitución no es un delito en España, pero el proxenetismo sí lo es. Esto significa que mientras una persona puede ofrecer servicios sexuales de manera independiente, cualquier forma de explotación o intermediación para lucrarse del trabajo de otras personas es ilegal. Sin embargo, en los últimos años, el gobierno español ha mostrado interés en endurecer las leyes para combatir las redes de trata y la explotación sexual.
En 2023, se discutió una propuesta de ley que buscaba abolir la prostitución mediante la penalización de los clientes, siguiendo un modelo similar al de países como Suecia. Este enfoque busca reducir la demanda y, con ello, el número de pers.
El debate sobre cómo abordar la prostitución sigue dividiendo a la sociedad española. Por un lado, los abolicionistas argumentan que la prostitución es inherentemente una forma de violencia de género y explotación, especialmente en el caso de las mujeres en situación de vulnerabilidad. Según ellos, la abolición es una medida necesaria para proteger los derechos humanos y combatir la trata de personas.
Por otro lado, las trabajadoras sexuales y sus aliados defienden que la criminalización no resuelve los problemas de fondo y, en cambio, empuja la actividad a la clandestinidad, aumentando los riesgos para quienes la ejercen. Estas voces abogan por la regularización como una forma de garantizar los derechos laborales, la seguridad y el acceso a la protección social.
En 2024, el gobierno enfrenta un desafío significativo para equilibrar estas posturas. Los avances en tecnología y la proliferación de plataformas en línea también han cambiado el panorama de la prostitución, complicando aún más su regulación. Mientras tanto, muchas trabajadoras sexuales continúan operando en condiciones de precariedad, sin un marco legal claro que las ampare.
El futuro de la prostitución en España dependerá de la capacidad del país para encontrar soluciones que prioricen los derechos humanos, combatan la explotación y respeten las decisiones individuales. Por ahora, el debate sigue siendo una asignatura pendiente.